“La comunidad internacional percibe al Estado Plurinacional de Bolivia como un país que está mitigando con éxito el auge del extractivismo a la vez que defiende los derechos de las comunidades indígenas en los territorios protegidos. Esto, sin embargo, está muy lejos de la realidad”, dice Miguel Miranda, Coordinador de Incidencia del Centro Boliviano de Documentación e Información (CEDIB).
En una reciente misión de verificación de actividades de minería ilegal en una de las áreas protegidas más extensas del mundo, la senadora Cecilia Requena y sus colegas fueron amenazados con secuestro y agredidas con pedradas, cohetes y dinamita. El ataque ocurrió en el Parque Nacional Madidi, cuando mineros ilegales atacaron a miembros de la Comisión de Tierra y Territorio del Senado y a representantes de organizaciones indígenas del Amazonas. Este es uno de los más de doscientos ataques contra personas defensoras documentados en una nueva base de datos.
“La violenta agresión ocurrida ayer, en el marco de un viaje para inspeccionar asentamientos mineros ilegales, pone en evidencia la terrible normalidad del sometimiento, la ilegalidad, el abuso, la impunidad, el etnocidio y el ecocidio en Bolivia.”
–Senator Cecilia Requena (via Twitter)
Mapeo de ataques contra defensores ambientales en Bolivia
CEDIB sigue de cerca la situación de los derechos humanos y el medio ambiente y ha encontrado evidencias de un gran número de violencias y ataques contra quienes defienden los derechos y territorios de las comunidades y sus áreas protegidas. Las amenazas y ataques se dan en su mayoría contra mujeres, se perpetran con impunidad y principalmente en el contexto de actividades extractivas en la región.
HURIDOCS ha apoyado a CEDIB y a la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) mediante el desarrollo de un sistema de documentación para mapear las amenazas y violaciones directas contra las personas defensores del medio ambientale.
La arquitectura del sistema consta de tres instancias de bases de datos Uwazi sincronizadas, cada una con una función específica: recopilación de datos, organización/análisis de la información y difusión de información pública. “Este enfoque facilita la compartimentación y la seguridad de los datos confidenciales, al mismo tiempo que permite compartir y difundir la información pública”, dice Salva Lacruz, Coordinador de Programas de HURIDOCS en América Latina.
La base de datos pública se lanzó en un evento online en abril de 2022. El Mapa de ataques a Defensoras Ambientales expone los detalles de más de 200 casos recientes de amenazas y violencias, y está actualizándose permanentemente. Los casos están relacionados con unos 200 perpetradores que han amenazado o agredido a cerca de 50 víctimas. Cada incidente está geolocalizado y categorizado en ocho amplios tipos: Negación de acceso a la información; chantajes y coacciones; desprestigio, estigmatización pública y difamaciones; restricciones a la libertad de expresión; diversas formas de acoso y hostigamiento; restricción de derechos civiles y políticos; detención arbitraria y negación de acceso a la justicia; y otros incidentes violentos.
Investigación en cuatro microrregiones
Para investigar el efecto nocivo de las actividades extractivas y conexas en los territorios protegidos, CEDIB se ha aliado con CONTIOCAP para trabajar en cuatro microrregiones: Amazonía, Chiquitanía, El Chaco y Tierras Altas/Altiplano. En cada una de estas regiones, los equipos sobre el terreno están capacitados para recopilar, monitorear y documentar información y testimonios que se utilizarán para preparar estadísticas, presentar evidencias y producir informes detallados. Este proceso de documentación pretende ser objetivo, riguroso y mostrar el impacto real de la industria extractiva sobre la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en Bolivia.
Según Miguel Miranda, la recolección de información primaria es un proceso complejo y las áreas afectadas son extensas. El impacto de las actividades extractivas en las diferentes regiones no se evalúa completamente, por lo que resulta crucial una base de datos que mapee las violaciones en las diferentes regiones.
“La cooperación con CEDIB supuso para el equipo de HURIDOCS una valiosa experiencia y un aprendizaje sobre el contexto de trabajo por la defensa de los territorios y comunidades en Bolivia, tanto en su ámbito técnico como político. Agradecemos a CEDIB y CONTIOCAP su compromiso para exponer la ausencia de justicia y rendición de cuentas hacia las personas defensoras y el medio ambiente en Bolivia, y sus esfuerzos por crear conciencia sobre las violaciones en curso.”
–Salva Lacruz, Gerente de Programas para América Latina, HURIDOCS
El atropello a los derechos humanos y el medio ambiente
Muchos de los territorios indígenas y áreas protegidas en Bolivia son ricos en recursos minerales. Las investigaciones realizadas por CEDIB indican que las actividades extractivas no están debidamente reguladas y causan daños irreparables a las comunidades, cuya vida y sustento dependen de la tierra. Actividades como la minería, la agroindustria y la exploración y explotación de hidrocarburos suponen un peligro para el futuro y la sostenibilidad de las comunidades y territorios. Existen numerosos ejemplos de actividades extractivas impuestas a comunidades y territorios indígenas sin respetar el debido proceso.
“De acuerdo a la información registrada por nuestra organización, durante este año el gobierno ha decidido impulsar de manera irregular, e incluso ilegal, un gran número de actividades extractivas, en detrimento del medioambiente y los derechos de los pueblos Indígenas.”
—Reporte sobre Derechos Humanos en Bolivia, CEDIB, enero a marzo de 2022
El reporte trimestral de CEDIB sobre los derechos humanos en Bolivia revela que el clima problemático en el estado de los derechos humanos es causado por una compleja combinación de elementos: falta de justicia y rendición de cuentas, persecución política, continuidad de las actividades extractivas, violencia, corrupción, polarización, conflictividad social y violaciones de derechos humanos.
Según Miguel Miranda, la base de datos detalla información sobre incidentes violentos y ataques que ocurrieron en los últimos seis años. Se relacionan con dos grandes categorías: violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales y territoriales; y actividades que impulsan proyectos extractivos e impactan negativamente en el medio ambiente.
Violaciones de derechos humanos contra personas defensoras ambientales y territoriales
Bolivia tiene una población diversa y multiétnica: casi la mitad de la población forma parte de los 36 grupos Indígenas reconocidos. Las comunidades Indígenas son protectoras de la biodiversidad de la región y cuidadoras de sus recursos naturales. También dependen del medio ambiente para sobrevivir y preservar su cultura.
Las comunidades Indígenas son las más afectadas por las actividades extractivas y los daños asociados, como la minería ilegal sin restricciones, la explotación extractiva, el aumento de la violencia de los grupos armados irregulares vinculados a esta minería ilegal y el narcotráfico. En sus intentos de contrarrestar estas actividades, los defensores, sus organizaciones, líderes Indígenas, miembros de la comunidad y periodistas son objeto de agresión, intimidación, hostigamiento, coerción, chantaje, difamación, ataques a la integridad física y psicológica, detenciones arbitrarias y denegación de justicia.
CEDIB está profundamente preocupado por la situación e informó que “la mayoría de estos ataques quedan impunes y tienen un efecto devastador en quienes realizan un trabajo importante para defender los derechos humanos y el medio ambiente”.
Leyes fuertes, débil implementación
El marco legal que se ocupa en Bolivia de los derechos de los pueblos Indígenas es aclamado como revolucionario y ejemplar. Bolivia es signataria del Convenio 169 de la OIT, un instrumento legal internacional que trata específicamente de los derechos de los pueblos Indígenas y tribales. En 2007, Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en adoptar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) a su legislación nacional. La Constitución Boliviana de 2009, considerada una de las más progresistas en Latinoamérica, contempla muchas áreas y disposiciones clave de la DNUDPI.
El principio del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) está consagrado en el Convenio de la OIT y la Declaración de la ONU y se denomina consulta libre, previa e informada en la Constitución de Bolivia. El CLPI no es solo un derecho, sino también una buena práctica para garantizar que los derechos de las comunidades Indígenas se respeten en la planificación e implementación de proyectos que afecten el uso de sus tierras y recursos.
El estándar de CLPI, así como los derechos de los pueblos Indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales, están integrados en el derecho universal a la libre determinación. Otorga a los pueblos Indígenas el derecho a decir no. Pueden aceptar, rechazar, aceptar parcialmente, u optar por no opinar sobre una propuesta. También pueden solicitar todo el tiempo que necesiten para decidir qué es lo mejor para ellos y sus territorios, y pueden retirar el consentimiento en cualquier momento.
En el contexto boliviano, hay muchos indicios de que el CLPI es simplemente una casilla de verificación administrativa.En una entrevista con CIVICUS, Ruth Alipaz Cuqui de CONTIOCAP explica que la Convención, la Declaración y la Constitución representan un progreso únicamente sobre el papel. Sostiene que el CLPI se manipula y se convierte en un simple proceso administrativo sin la debida consulta con quienes se ven afectados por las actividades. “Consiste en levantar actas y firmar formularios y permite la participación de grupos cercanos al gobierno, que los reconoce como interlocutores válidos aunque no sean los verdaderos afectados por los proyectos en cuestión”, dice.
Cabe destacar que Bolivia aprobó la Ley 071 de 2010, mejor conocida como Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Le siguió la más amplia Ley Marco 300 de 2012 de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para el Buen Vivir. Estos intentos de reconocer los derechos de la Madre Naturaleza (Pachamama) como un ente vivo demuestran que, al menos en principio, Bolivia está dedicada a la causa de proteger el medio ambiente natural. Pero estas leyes han sido fuertemente criticadas por no ser implementadas o aplicadas, y generalmente se las considera como una nueva construcción legal “sin dientes”.
Once años desde Chaparina
Este año señala el undécimo aniversario de los ataques violentos en Chaparina cuando la policía nacional agredió abiertamente a los manifestantes Indígenas que estaban en contra de la construcción de una carretera propuesta por el gobierno a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). Más de una década después, el gobierno continúa interviniendo en los procesos judiciales mientras persigue a los opositores políticos, silencia las voces críticas, inhibe a los defensores de los derechos humanos y restringe a los periodistas.
(Foto por AFP. Fuente: paginasiete.bo)
Las comunidades y territorios Indígenas de Bolivia son doblemente vulnerados: por un lado se destruyen, saquean y contaminan las áreas protegidas, mientras que por otro se silencia, amenaza y ataca a quienes intentan detener estas actividades. Cada vez es más difícil para activistas, defensores y periodistas disentir y buscar justicia para las comunidades Indígenas, los territorios y el medio ambiente.
Los proyectos extractivos que impactan negativamente en el medio ambiente
La minería es una de las actividades económicas más importantes de Bolivia y el país depende en gran medida de su sector de hidrocarburos, donde el gas natural se extrae para la exportación y el uso doméstico. El crecimiento económico se desaceleró en 2014 debido a la caída de los precios internacionales de los productos básicos de exportación del país. Para tratar de activar la economía, el gobierno boliviano recurrió a la generación de energía hidroeléctrica y aumentó sus actividades extractivas.
Existen muchos informes que muestran cómo el gobierno es partidario de la industria extractiva y sofoca la disidencia de personas y organizaciones que protegen y defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Se sabe que los operadores del sector minero están coludidos con funcionarios gubernamentales y ejercen el poder económico y político, actúan con impunidad y realizan actividades extractivas sin el debido proceso.
El impacto de las actividades extractivas de exploración y explotación es de gran alcance y representa una grave amenaza para la biodiversidad y la conservación. La topografía, el clima y las vulnerabilidades sociales de Bolivia lo hacen aún más susceptible a los efectos negativos del cambio climático.
El conflicto social en medio de las promesas de riqueza
Los miembros de la comunidad a menudo están divididos cuando se trata de conciliar la conservación con el desarrollo. El soborno, el chantaje, la coerción y la promesa del desarrollo, sumado al beneficio económico siembran la división entre las comunidades Indígenas y son la causa principal de conflicto social. Ruth Alipaz Cuqui sostiene que los pueblos Indígenas han sido mentalmente colonizados y que la promesa de grandes riquezas nunca se materializa.
“Debemos entender que la riqueza que se genera en nuestros territorios se la llevan los de fuera y su entorno corrupto. Detrás de la fachada de la interculturalidad, el gobierno nos divide para disciplinarnos y ponernos al servicio de sus intereses políticos.””
–Ruth Alipaz Cuqui, CONTIOCAP
Escasez de agua y contaminación como resultado de la minería
Miembros de la comunidad en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía han denunciado incidentes de victimización, hostilidades, injerencias, amenazas y hostigamientos. Los testimonios indican que los funcionarios públicos se disfrazan de manifestantes en un intento de intimidar a quienes abogan por la justicia ambiental y el derecho a un medio ambiente limpio.
La Tariquía proporciona agua a las partes del sur de Bolivia y una comunidad de más de 3.000 personas depende de sus recursos naturales para sobrevivir. A pesar de ser una importante fuente de agua, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) busca reactivar su actividad exploratoria en la reserva.
En Roboré, ubicado en la región de la Chiquitanía, el impacto negativo de las actividades extractivas en el medio ambiente es evidente . Los incendios rampantes, el tráfico maderero, la deforestación y los asentamientos han reducido significativamente las reservas y la calidad del agua en la región. Los residentes del municipio de Roboré ahora se ven obligados a buscar fuentes de agua subterránea para complementar el suministro cada vez más escaso de agua no contaminada.
Reconciliar conservación y desarrollo
El 28 de julio de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que declara que el acceso a un medio ambiente limpio y saludable es un derecho humano universal. La resolución llega en un momento en que los intereses económicos y ambientales están cada vez más enfrentados.
“La resolución forma parte de la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La resolución ayudará a reducir las injusticias ambientales, cerrar las brechas en la protección y empoderar a las personas, especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables, incluidos las defensoras de los derechos humanos ambientales, los niños y niñas, jóvenes, las mujeres y pueblos indígenas.”
–António Guterres, Secretario General de la ONU
Exigencia de evaluaciones completas del impacto sobre los derechos humanos
En un informe de país de 2020, el experto independiente de las Naciones Unidas Juan Pablo Bohoslavsky, señala que existe la clara necesidad de una legislación integral y sólida sobre evaluaciones de impacto en los derechos humanos para proyectos de infraestructuras en Bolivia. Concluye que los procesos actuales de CLPI no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos y pueden tener un impacto significativo en las comunidades afectadas, en particular los derechos de los pueblos Indígenas.
Además, recomienda que el gobierno de Bolivia establezca una legislación integral y sólida que exija una evaluación completa del impacto en los derechos humanos ante cualquier proyecto de infraestructura y consultas significativas con las comunidades afectadas, potenciales o reales. Esto debe hacerse de conformidad con los estándares y las normas internacionales de derechos humanos.
Lea el informe sombra de más de 50 organizaciones de la sociedad civil elaborado para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal de Bolivia (2019) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Viviendo en armonía con la naturaleza
¿Cómo asegurarnos un futuro sostenible en el que las comunidades puedan prosperar mientras mantienen un entorno natural saludable? ¿Podemos equilibrar con éxito los intereses de la conservación de la naturaleza y el progreso económico? ¿Son la conservación y el desarrollo mutuamente excluyentes? ¿Cómo logramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuando el acceso a la justicia y la rendición de cuentas son tan difíciles de alcanzar? Wangari Maathai, ecologista keniata y Premio Nobel de la Paz, dijo una vez que “el medio ambiente y la economía son realmente las dos caras de la misma moneda. Si no podemos sostener el medio ambiente, no podemos sostenernos a nosotros mismos”.
“El medio ambiente y la economía son realmente las dos caras de la misma moneda. Si no podemos sostener el medio ambiente, no podemos sostenernos a nosotros mismos.”
–Wangari Maathai, Ecologista keniata y Premio Nobel de la Paz
Cada vez existe mayor presión sobre los gobiernos para asegurarse de que existen esfuerzos colectivos para promover y garantizar la justicia climática. Los estados están obligados a monitorear, hacer cumplir e implementar las leyes medioambientales, mientras que los individuos y las comunidades deben respetar, exigir y defender sus derechos ambientales. Lograr un futuro sostenible y un medio ambiente saludable depende de marcos legales apropiados, una regulación justa de las actividades de desarrollo, así como procesos de consulta significativos y regulados.
El derecho a un medio ambiente limpio y saludable es responsabilidad de todos y todas, pero quienes ostentan el deber, han de garantizar que este derecho se materialice para todas las generaciones actuales y futuras.